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El 11 de enero se celebró un Pleno en la Diputación de Alicante bastante aséptico, por llamarlo de alguna manera. El único tema que mereció la pena porque generó alguna discusión entre los diputados fue la "Aprobación del Convenio a suscribir con la Generalidad Valenciana, por el que se acuerda el traspaso del personal adscrito a las Unidades de Salud Mental dependientes de la Excma. Diputación Provincial de Alicante". En cristiano se trata de que los trabajadores de las unidades psiquiátricas de Alicante pasan de depender de la Diputación a depender de la Generalitat.

Tras las intervenciones de la diputada popular de Salud Mental, Ana María Kringe, y la segunda teniente alcalde del PS-PV, María Teresa Sempere, el presidente de la Diputación Jose Joaquín Ripoll pidió al partido socialista que votara a favor del convenio pues afirma que "es un buen primer paso de un proceso complejo y más lento de mi voluntad".

A pesar de la petición del número dos de Alicante, el partido socialista votó abstención, a pesar de lo cual se aprobó el convenio con 18 votos a favor y 13 abstenciones.